Sistema penal venezolano. En el complejo entramado del sistema de justicia penal venezolano, el derecho a la defensa es una garantía fundamental consagrada en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Toda persona imputada o acusada de un delito tiene el derecho inalienable de ser asistida por un abogado desde las primeras diligencias de investigación hasta la culminación del proceso. Sin embargo, surge una interrogante crucial para muchos ciudadanos: ¿es más conveniente optar por la Defensa Pública, un servicio garantizado por el Estado, o contratar los servicios de un abogado penalista privado? Esta decisión, a menudo tomada en momentos de gran vulnerabilidad, puede tener un impacto significativo en el desarrollo y el resultado de un caso penal.

Este artículo tiene como objetivo principal comparar las funciones, el alcance, las ventajas y desventajas de la Defensa Pública frente a la contratación de un abogado privado en el contexto del sistema penal venezolano. Asimismo, se abordará el momento procesal en el que es posible realizar un cambio de defensor, brindando una guía clara y comprensible para el público en general, siempre enmarcado en la legislación vigente en Venezuela.

La Defensa Pública en Venezuela

La Defensa Pública en Venezuela es un órgano fundamental del sistema de justicia, creado con el propósito de garantizar el derecho constitucional a la defensa y el acceso a la justicia para todas las personas, sin distinción de clase socioeconómica. Su existencia y funcionamiento están regulados principalmente por la Ley Orgánica de la Defensa Pública [1].

Funciones y Alcance

De acuerdo con el Artículo 2 de la Ley Orgánica de la Defensa Pública, esta institución tiene como propósito fundamental garantizar la tutela judicial efectiva del derecho constitucional a la defensa en las diversas áreas de su competencia. Esto implica que la Defensa Pública está dedicada a prestar, a nivel nacional, un servicio de defensa pública de forma gratuita a quienes lo requieran [1].

Las competencias de la Defensa Pública, según el Artículo 8 de la misma ley, incluyen:

1.Garantizar a toda persona el derecho a la defensa en todo grado y estado del proceso judicial y administrativo en todas las materias que le son atribuidas de conformidad con la ley y la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

2.Cualquier otra que, por aplicación de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, de las normas, tratados, pactos y convenciones internacionales suscritos y ratificados por la República Bolivariana de Venezuela le sean atribuidas [1].

En el ámbito penal, la Defensa Pública asume la representación legal de aquellas personas que no pueden costear un abogado privado o que, por alguna razón, no lo han designado. Esto abarca desde las fases iniciales de la investigación penal, como la asistencia en audiencias de presentación, hasta las etapas de juicio y ejecución de sentencia. Los defensores públicos están capacitados para brindar asesoría, asistencia y representación legal en diversas materias, incluyendo la penal, agraria, indígena, civil, laboral, entre otras, asegurando que los derechos de los ciudadanos sean protegidos en todo momento [2].

La Defensa Pública se rige por principios como la justicia, honestidad, celeridad, eficacia, eficiencia, transparencia y responsabilidad, con una preeminencia en la defensa de los Derechos Humanos (Artículos 6 y 7 de la LODP) [1].

[1] Ley Orgánica de la Defensa Pública. Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nro. 39.021 del 22 de septiembre de 2008. Disponible en: https://www.lablabor.com.ve/wp-content/uploads/2020/04/LEY-ORGANICA-DE-LA-DEFENSA-PUBLICA.doc [2] Defensa Pública. La institución. Disponible en: http://www.defensapublica.gob.ve/about-us/

El Abogado Penalista Privado

Frente a la Defensa Pública, la opción de contratar un abogado penalista privado es una alternativa que muchos ciudadanos consideran, especialmente cuando buscan una atención más personalizada o especializada en su caso. El abogado privado es un profesional del derecho que ejerce de forma independiente y es contratado directamente por el imputado o su familia para que asuma su defensa en un proceso penal.

Funciones y Alcance

Las funciones de un abogado penalista privado son similares a las de un defensor público en cuanto a la representación legal del imputado. Estas incluyen:

•Asesoramiento legal: Brindar orientación y explicación sobre el proceso penal, los derechos del imputado, las posibles consecuencias y las estrategias de defensa.

•Asistencia en diligencias: Acompañar al imputado en todas las fases del proceso, desde la detención y las primeras declaraciones ante los órganos de investigación, hasta las audiencias preliminares, el juicio oral y público, y la fase de ejecución de sentencia.

•Investigación y recolección de pruebas: Realizar una investigación exhaustiva del caso, buscar y recabar pruebas que favorezcan la defensa, y presentar los elementos necesarios para desvirtuar las acusaciones.

•Presentación de recursos y acciones: Interponer los recursos legales pertinentes (apelaciones, amparos, etc.) y realizar todas las acciones judiciales necesarias para proteger los intereses del defendido.

•Negociación: En algunos casos, negociar con la Fiscalía o la parte acusadora para buscar acuerdos o salidas alternativas al proceso, siempre en beneficio del imputado.

El alcance de la actuación de un abogado privado se extiende a todas las instancias y etapas del proceso penal, y su principal diferencia con la Defensa Pública radica en la relación contractual y económica que se establece con el cliente. El abogado privado es seleccionado por el imputado o su entorno, lo que permite una elección basada en la confianza, la especialización o la reputación del profesional.

Ventajas y Desventajas

La elección entre un defensor público y un abogado privado conlleva una serie de ventajas y desventajas que deben ser evaluadas cuidadosamente:

Ventajas del Abogado Privado:

•Elección y confianza: El imputado tiene la libertad de elegir al abogado que considere más adecuado para su caso, lo que puede generar una mayor confianza y comodidad en la relación profesional. Esta elección puede basarse en la especialización del abogado en un tipo particular de delito, su experiencia previa en casos similares o su reputación [3].

•Atención personalizada: Generalmente, los abogados privados manejan un número menor de casos que los defensores públicos, lo que les permite dedicar más tiempo y recursos a cada cliente. Esto puede traducirse en una atención más personalizada, una comunicación más fluida y una mayor disponibilidad para atender las inquietudes del imputado y su familia [4].

•Recursos adicionales: Los abogados privados suelen tener la capacidad de invertir en recursos adicionales para la defensa, como la contratación de investigadores privados, peritos forenses o expertos en diversas áreas, lo que puede fortalecer la estrategia legal [4].

•Especialización: Muchos abogados privados se especializan en áreas específicas del derecho penal (delitos económicos, delitos informáticos, delitos de drogas, etc.), lo que les permite tener un conocimiento más profundo y actualizado de la normativa y la jurisprudencia en esas materias.

Desventajas del Abogado Privado:

•Costo: La principal desventaja de un abogado privado son los honorarios. Los costos pueden ser significativos, especialmente en casos complejos, de larga duración o que requieren de la intervención de varios profesionales. Esto puede representar una barrera para muchas personas que no cuentan con los recursos económicos suficientes [5].

•Variabilidad en la calidad: Aunque la elección permite buscar la calidad, no todos los abogados privados ofrecen el mismo nivel de servicio. La calidad de la defensa puede variar considerablemente entre profesionales, y la elección de un abogado inexperto o poco ético puede tener consecuencias negativas para el imputado.

•Disponibilidad inicial: En algunos casos, puede ser difícil encontrar un abogado privado disponible de inmediato, especialmente en situaciones de detención o emergencia, donde la rapidez en la asistencia legal es crucial.

[3] MJ Vergis. Defensor Público vs Abogado Privado. Disponible en: https://www.mjvergis.com/es/blog/public-defender-vs-private-attorney/ [4] The Defenders. Defensores Públicos vs Abogados Privados: ¿Cuál elegir en Nevada? Disponible en: https://thedefenders.net/es/blogs/public-defenders-vs-private-attorneys/ [5] Català Reinón. Abogado de oficio o abogado privado: ¿Cuál es la mejor opción? Disponible en: https://www.catala-reinon.es/blog/abogado-oficio-abogado-privado-cual-mejor-opcion

Comparación entre Defensa Pública y Abogado Privado

Ventajas de la Defensa Pública

La Defensa Pública presenta varias ventajas importantes para los ciudadanos que enfrentan un proceso penal:

Gratuidad del servicio: La principal ventaja de la Defensa Pública es que no representa costo alguno para el imputado. Esto garantiza que las personas de escasos recursos económicos puedan acceder a una defensa técnica adecuada, cumpliendo con el principio constitucional de igualdad ante la ley.

Especialización en derecho penal: Los defensores públicos se especializan exclusivamente en materia penal, lo que les permite desarrollar una amplia experiencia en este campo específico del derecho. Esta especialización constante les otorga un conocimiento profundo de los procedimientos, jurisprudencia y estrategias defensivas más efectivas.

Conocimiento del sistema judicial: Los defensores públicos trabajan diariamente en los tribunales penales, lo que les permite conocer a fondo el funcionamiento del sistema, las prácticas de los fiscales, las tendencias de los jueces y las particularidades de cada circuito judicial.

Independencia funcional: Según la Ley Orgánica de la Defensa Pública, los defensores gozan de independencia funcional en el ejercicio de sus atribuciones, lo que les permite actuar sin presiones externas en beneficio exclusivo de su defendido.

Disponibilidad inmediata: El sistema de Defensa Pública está organizado para brindar atención inmediata a cualquier persona que lo requiera, especialmente en casos de detención o cuando se requiera la presencia urgente de un defensor.

Ventajas del Abogado Penalista Privado

Por su parte, la contratación de un abogado penalista privado ofrece ciertas ventajas específicas:

Atención personalizada: El abogado privado puede dedicar más tiempo y atención personalizada a cada caso, ya que generalmente maneja una carga de trabajo menor que un defensor público. Esto permite un análisis más detallado de las circunstancias particulares del caso.

Selección del profesional: El imputado tiene la libertad de elegir al abogado de su confianza, considerando su experiencia, especialización, reputación y estilo de trabajo. Esta elección puede generar mayor confianza en la relación abogado-cliente.

Flexibilidad en horarios: Los abogados privados suelen ofrecer mayor flexibilidad en cuanto a horarios de atención y disponibilidad para reuniones, consultas y seguimiento del caso.

Recursos adicionales: Algunos abogados privados cuentan con recursos adicionales para la investigación del caso, como la contratación de peritos privados, investigadores o consultores especializados.

Continuidad en el proceso: El abogado privado acompaña al cliente durante todo el proceso, desde la investigación hasta la eventual ejecución de la sentencia, manteniendo la continuidad en la estrategia defensiva.

Desventajas de la Defensa Pública

A pesar de sus ventajas, la Defensa Pública también presenta algunas limitaciones:

Alta carga de trabajo: Los defensores públicos suelen manejar un gran número de casos simultáneamente, lo que puede limitar el tiempo que pueden dedicar a cada asunto en particular.

Recursos limitados: El presupuesto asignado a la Defensa Pública puede ser insuficiente para cubrir gastos adicionales como peritajes especializados, investigaciones privadas o consultorías técnicas.

Falta de elección: El imputado no puede elegir al defensor público que lo representará, siendo asignado según la distribución interna del servicio.

Posible rotación: En algunos casos, puede existir rotación de defensores durante el proceso, lo que podría afectar la continuidad de la estrategia defensiva.

Desventajas del Abogado Privado

La contratación de un abogado privado también conlleva ciertas desventajas:

Costo económico: La principal desventaja es el costo que representa la contratación de servicios profesionales privados, que puede ser significativo y estar fuera del alcance de muchas personas.

Variabilidad en la calidad: No todos los abogados privados poseen el mismo nivel de experiencia o especialización en materia penal, por lo que la calidad del servicio puede variar considerablemente.

Posibles conflictos de interés: En algunos casos, el abogado privado podría enfrentar conflictos de interés si representa a múltiples clientes en casos relacionados.

Dependencia económica: La continuidad de la representación puede verse afectada si el cliente enfrenta dificultades económicas para continuar pagando los honorarios profesionales.

El Cambio de Defensor en el Proceso Penal Venezolano

El derecho a la defensa es irrenunciable y se ejerce desde el inicio de la investigación hasta la finalización del proceso. En Venezuela, el Código Orgánico Procesal Penal (COPP) establece las normas relativas a la designación y sustitución del defensor.

Designación y Sustitución

El imputado tiene el derecho de designar un defensor de su confianza. Si no lo hace, o si el defensor designado no comparece, el Estado le asignará un defensor público. La designación de un defensor privado puede realizarse en cualquier fase del proceso, desde la investigación inicial hasta la fase de juicio. Una vez designado, el defensor asume la representación legal del imputado.

El COPP, en su Artículo 139, establece que el imputado podrá designar defensor desde el primer acto del procedimiento y hasta antes de la audiencia de juicio. Si no lo hace, el tribunal le designará un defensor público. El Artículo 141 del mismo cuerpo legal señala que el imputado podrá revocar la designación de su defensor en cualquier momento del proceso, designando uno nuevo. Esta revocatoria debe ser expresa y notificada al tribunal. Si el imputado revoca a su defensor y no designa uno nuevo, el tribunal le asignará un defensor público de inmediato para garantizar la continuidad de la defensa.

Momentos Procesales para el Cambio

El cambio de defensor puede ocurrir en diferentes momentos procesales:

•Fase de Investigación: Durante esta fase, el imputado puede decidir cambiar de defensor público a privado, o viceversa, si considera que la estrategia de defensa no es la adecuada o si sus circunstancias económicas han cambiado. Es común que, tras la audiencia de presentación, el imputado o su familia busquen un abogado privado si tienen los recursos.

•Fase Intermedia: Antes de la audiencia preliminar, el imputado puede solicitar un cambio de defensor. En esta fase, la defensa es crucial para la presentación de excepciones, la promoción de pruebas y la preparación para el juicio oral.

•Fase de Juicio Oral: Aunque el COPP establece que la designación del defensor es hasta antes de la audiencia de juicio, la jurisprudencia ha permitido cambios de defensor durante el juicio oral en casos excepcionales y justificados, siempre que no se vulnere el derecho a la defensa ni se retrase indebidamente el proceso. Sin embargo, no es lo ideal, ya que un cambio en esta etapa puede afectar la continuidad de la estrategia.

•Fase de Ejecución de Sentencia: Una vez dictada la sentencia, el imputado también puede cambiar de defensor para la fase de ejecución, especialmente si requiere asistencia para beneficios procesales o recursos relacionados con la pena.

Es importante destacar que, en cualquier caso de cambio de defensor, el tribunal debe garantizar que el derecho a la defensa no sea vulnerado. El nuevo defensor debe tener el tiempo suficiente para estudiar el caso y preparar una defensa adecuada. La sustitución no debe ser utilizada como una táctica dilatoria del proceso.

Hacer justicia

La elección entre la Defensa Pública y un abogado penalista privado en Venezuela es una decisión personal que debe basarse en una evaluación cuidadosa de las circunstancias individuales de cada caso. Ambas opciones garantizan el derecho fundamental a la defensa, pero ofrecen diferentes enfoques y recursos.

La Defensa Pública, como institución del Estado, asegura el acceso a la justicia para todos, independientemente de su capacidad económica, ofreciendo un servicio especializado y con profundo conocimiento del sistema. Es una opción invaluable para quienes carecen de recursos y necesitan una representación legal sólida.

Por otro lado, el abogado penalista privado brinda una atención más personalizada, la posibilidad de elegir al profesional de confianza y, en algunos casos, acceso a recursos adicionales para la investigación. Sin embargo, esta opción implica un costo económico que no todos pueden asumir.

Es crucial que, al momento de enfrentar un proceso penal, el ciudadano esté informado sobre sus derechos y las opciones disponibles para su defensa. La posibilidad de cambiar de defensor en diferentes etapas del proceso penal venezolano, siempre que se haga de manera justificada y sin fines dilatorios, es una garantía adicional que busca asegurar la efectividad del derecho a la defensa. En última instancia, lo más importante es contar con una representación legal competente que salvaguarde los derechos e intereses del imputado en todo momento.

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