En el complejo entramado del proceso penal venezolano, la defensa del imputado se articula desde sus comienzos en la investigación preliminar hasta la culminación en el juicio oral.
Investigación preliminar y audiencia de presentación
En el sistema penal venezolano, la etapa de investigación preliminar comienza con la recolección de indicios y pruebas por parte del Ministerio Público, bajo la dirección del fiscal. Durante este lapso, el defensor asume un papel activo al revisar las actuaciones y garantizar el respeto de los derechos del imputado. Es fundamental que, desde la audiencia de presentación, el abogado examine los cargos formulados, contraste las pruebas aportadas y, de ser necesario, impugne la validez de evidencia obtenida de manera irregular. Para ello, puede solicitar el acceso inmediato al expediente, proponer la práctica de diligencias complementarias y denunciar posibles violaciones al debido proceso, como la obtención de confesiones sin asistencia letrada o allanamientos sin orden judicial.
Medidas cautelares y defensas en etapa intermedia
Una vez culminada la investigación preliminar, la audiencia intermedia se centra en la determinación de medidas cautelares y en la depuración del debate probatorio. El defensor debe analizar la procedencia de medidas como la privación de libertad, la presentación periódica ante tribunales o la prohibición de salida del país, argumentando su inadecuación o proponiendo alternativas menos gravosas cuando no existan riesgos de fuga o de obstaculización de la investigación. Asimismo, es el momento de plantear excepciones procesales y nulidades: se examinan posibles vicios en la actuación de la fiscalía —como la falta de notificación o la vulneración de plazos— que puedan dar lugar a la exclusión de pruebas o, en casos extremos, al sobreseimiento anticipado.

Juicio oral y sentencia
El juicio oral representa el núcleo del proceso penal y la última oportunidad para la defensa de los derechos del imputado. En esta fase, el defensor despliega técnicas de interrogatorio orientadas a cuestionar la credibilidad de los testigos y a poner en evidencia inconsistencias en las declaraciones. Además, participa en la discusión de peritajes y contraexámenes de expertos forenses. Al concluir la presentación de la acusación y la defensa, el abogado formula los alegatos finales, resaltando las dudas razonables que deben beneficiar al acusado y subrayando la falta de prueba concluyente. Una vez dictada la sentencia, si el resultado es adverso, el defensor inmediatamente evalúa la viabilidad de recursos como la apelación o la casación, vigilando los plazos y formalidades requeridos para que el tribunal de alzada revise posibles errores de hecho o de derecho.
En todas estas etapas, el defensor, ya sea público o privado, actúa como garante del debido proceso y de los derechos fundamentales del imputado, asegurando que cada fase del procedimiento se desarrolle conforme a lo establecido en la Constitución y en el Código Orgánico Procesal Penal vigente.
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